Humberto Cavazos Chena

Durante el gobierno de Carlos Salinas, la SCT, por medio de Capufe, creó el fideicomiso F/121128 para administrar el personal asignado a carreteras y puentes federales de cuota, mediante un contrato elaborado entre Capufe, como fideicomitente, y el entonces Banco Mexicano S.A., como fiduciario.

El fideicomiso tendría vigencia de cinco años a partir del 6 de agosto de 1993; oficialmente concluyó en 1998, pero a finales de la administración de Ernesto Zedillo y durante los primeros meses de 2000 continuó su operación sin que nadie dijera algo.

En 2000 el Sindicato de Terrajeros emplazó a huelga al fideicomiso por irregularidades en la firma del contrato colectivo de trabajo en centros que no dependían de Capufe, sino del fideicomiso.

En noviembre de 2001, Manuel Zubiría Maqueo fue nombrado por Vicente Fox como director general de Capufe. A unas semanas de asumir el cargo, el hermano del actual titular del SAT, José María Zubiría, junto con el abogado Baltasar Cavazos Chena (hijo de Baltasar Cavazos Flores, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo), crearon SIASA. La cual, al amparo de la SCT y de la SHCP, ha hecho un jugoso negocio sin ninguna obligación legal.

De acuerdo con servidores públicos y ex funcionarios de Capufe, Manuel Zubiría ideó crear la empresa para desmantelar la planta laboral de Capufe.

La cara visible de SIASA es el despacho de abogados de Baltasar Cavazos, asesor del Senado de la República. Tanto Baltasar como Humberto Cavazos han comparecido ante tribunales laborales como apoderados legales de SIASA. Sin embargo, la SCT y Capufe se niegan a revelar la identidad de los dueños de la empresa, pese a que controla la administración y operación de las carreteras del Estado.

SIASA presenta también irregularidades fiscales. Apenas el pasado 16 de enero el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública en Capufe la inhabilitó de forma temporal (tres meses) por presentar documentación apócrifa para justificar su estado legal ante Hacienda (Contralínea 73).

En tribunales federales del país están abiertas unas 4 mil denuncias contra la empresa, por abuso laboral y despido injustificado. En la mayoría de ellas, dicen los abogados de los trabajadores, se integraron documentos apócrifos como pruebas de renuncia.

Dicha empresa no tiene patrimonio ni bienes, y nunca responde de las relaciones profesionales de trabajo, además utiliza a los altos mandos de Capufe para el “trabajo sucio”.

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